La Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar (FEANTSA) nos hemos dirigido a los grupos parlamentarios europeos y altos cargos de la Comisión Europea para garantizar que el Plan Europeo de Vivienda Asequible, impulsado por la Comisión Europea y actualmente en proceso de elaboración, tenga en cuenta la realidad de los asentamientos segregados y otras situaciones de grave vulneración del derecho a una vivienda digna y adecuada.

Siendo conscientes de que el aumento de los alquileres y los precios de la vivienda en los últimos años ha tenido un impacto inmenso en la vida de millones de personas en la UE, provocando una crisis habitacional de gran magnitud, la FSG y FEANTSA queremos recalcar que, si bien el acceso a la vivienda es un problema importante que afecta a una gran parte de la población europea, se siente con mayor intensidad entre los colectivos más vulnerables.

En el espacio privilegiado que constituye la Unión Europea, miles de personas aún viven en asentamientos segregados, muchos de ellos menores, principalmente de familias gitanas o migrantes. No solo carecen de condiciones materiales dignas para vivir (viviendas precarias, sin suministros básicos como agua corriente ni electricidad, en espacios sin servicios públicos y a menudo insalubres, expuestos a la contaminación o a entornos tóxicos), sino que también están segregados, separados del resto de la población, lo que limita otros derechos como la educación o el empleo, impidiéndoles llevar una vida digna en sociedad. Esta forma extrema de exclusión residencial no solo vulnera derechos fundamentales, sino que perpetúa ciclos de pobreza y discriminación estructural.

El Parlamento Europeo ya se ha pronunciado sobre esta situación. En su Resolución del 5 de octubre de 2022, instó a la Comisión a lanzar un Plan de Acción de la UE para erradicar los asentamientos gitanos antes de 2030. También el Consejo de la Unión Europea ha reconocido en sus Conclusiones de 2023 que estos asentamientos son una violación grave de derechos humanos, llamando a los Estados a tomar medidas concretas y utilizar los instrumentos financieros europeos para solucionarlo.

Por todo ello, las instituciones europeas tienen la obligación política y moral de abordar esta realidad, aprovechando la elaboración del futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible como marco político para hacerlo de forma integral y coherente con los principios y valores que defiende la UE. Como primera iniciativa de la UE destinada a abordar la crisis de la vivienda, el Plan de Vivienda Asequible también debe contribuir a abordar las situaciones de exclusión social extrema.

En una carta enviada a representantes de los diferentes grupos parlamentarios europeos y altos cargos de la Comisión Europea, la FSG y FEANTSA hemos instado a los mismos a trabajar por favorecer el derecho a la vivienda de las personas que viven en las situaciones más vulnerables en Europa y por mejorar su acceso a una vivienda adecuada.

Para ello, las dos organizaciones consideramos que el futuro Plan Europeo de Vivienda Asequible debiera incorporar las siguientes medidas:

• La inclusión de una «atención preferente a las situaciones de grave vulnerabilidad» en las medidas definidas en el Plan, identificando, con una mención específica, las situaciones más graves y los grupos con mayor riesgo de exclusión residencial, especialmente quienes viven en asentamientos segregados. Es necesario adoptar medidas específicas para garantizar que la vivienda sea asequible para los hogares con bajos ingresos y las personas en situación de exclusión social.
• La puesta en marcha, lo antes posible, del «Plan de acción de la UE para erradicar los asentamientos gitanos de aquí a 2030», solicitado por el Parlamento Europeo en su Resolución de 2022, como parte inherente del Plan Europeo de Vivienda Asequible.
• La adopción de las medidas necesarias para garantizar que los Estados miembros aprovechen al máximo los instrumentos financieros europeos puestos a su disposición para la implementación de los objetivos del Plan, garantizando la complementariedad y la coherencia de estos instrumentos financieros con otros fondos de la UE existentes. La futura revisión del Reglamento del FEDER ofrece una oportunidad única para incorporar un enfoque específico para la erradicación de los barrios marginales como una de las prioridades del nuevo objetivo de vivienda.
• La garantía de la cooperación multinivel entre todas las administraciones públicas y las partes interesadas pertinentes, así como la participación de las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que representan a los grupos vulnerables, en la definición de objetivos, metas, medidas e indicadores de impacto. Como primer paso, la Comisión debería garantizar la representación de expertos en vivienda para grupos vulnerables en el recién creado Consejo Asesor de Vivienda.

Desde ambas organizaciones confiamos en que, en el proceso de elaboración del Plan, se tenga en cuenta la realidad de los asentamientos segregados y otras situaciones de grave vulneración del derecho a una vivienda digna y adecuada, priorizando sus necesidades en las iniciativas y medidas que se definan.